LASSO QUIERE FESTINAR LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS
Mariano Santos

Guillermo Lasso acaba de firmar 2 nuevos decretos ejecutivos, el 238 y el 239, a través de los cuales da las directrices generales para el enajenamiento de los activos eléctricos del Ecuador. Lasso está obsesionado, tiene metido entre ceja y ceja, el festín de activos no solo del sector eléctrico, sino de todo, de todo lo que huela a estatal o público; por eso sus intenciones de subastar patrimonios petroleros, telefónicos, eléctricos, carreteras, el Banco del Pacífico, etc., etc.
Esta obsesión ya raya en lo sospechoso, por decir lo menos, pues hay antecedentes verdaderamente nefastos en nuestra propia región de América Latina donde expresidentes privatizaron todo lo que pudieron y meses o años después aparecieron con fortunas precisamente enclavadas en los hoy famosos paraísos fiscales. Lasso y su gobierno ya lo han expresado pública y abiertamente que sus 2 primeros objetivos serían la central hidroeléctrica Sopladora y el termo gas Machala, pero es evidente que, en la cola, por detrás, están una serie de centrales como Paute, Mazar, San Francisco, etc., etc.
Como están bastante apresurados, vale decir que en la proforma presupuestaria para el año 2022 enviada a la Asamblea Nacional, está el rubro de «ingresos» no permanentes, llámese venta, de 2 activos, Sopladora y el Banco del Pacífico, ¡EN COMBO!, sí, 2 X 1, en algo más de $900 millones. Paralelamente, el actual Gobierno, siguiendo la misma escuela de los anteriores, poco o nada ha hecho por recuperar un energético que de una forma por demás miserable y criminal se quema en los mecheros de la región amazónica. Cuando se extrae el petróleo al mismo tiempo sale también a la superficie lo que se denomina el gas asociado, el mismo que por años, desde 1.972 en que se inició la explotación petrolera en nuestra amazonia, se lo quema en los mencionados mecheros, lo cual ha sido objeto de reclamos permanentes, no solo por la atroz contaminación, enfermedades y muertes ocasionados, sino también por el multimillonario perjuicio económico que se le genera al País, pues quien escribe estas líneas, calcula que anualmente se pierden no menos de $1.300 millones por la quema que se da, no solamente en la amazonia, sino también en las refinerías de Esmeraldas y Península y en la planta de Bajo Alto, provincia de El Oro.
Si se aprovecha ese gas, el País no solo que dejaría de importar alrededor de $500 millones anuales en GLP (propano-butano, que es el gas de uso doméstico), sino que podría instalar una o varias centrales a gas (con metano, que es el otro tipo de gas que se pierde en la quema) para generar energía eléctrica, con una capacidad mínima de 600MW, aunque no sorprendería si genera más de 1.000 MW. A manera de referencia, 1.000 M2, es la potencia instalada de la central Paute (la segunda del País, en capacidad, solo superada por Coca- Codo Sinclair, que mejor ni hablemos ….
La industria petrolera, tanto de Petroecuador como de las compañías, tiene una demanda aproximada de unos 300 MW, es decir que captando el gas que se quema, no solo se abastece la demanda petrolera, sino que quedarían excedentes para abastecer a las provincias amazónicas, con posibilidades incluso de exportar a países vecinos. Esta captación permitiría también el no uso de crudo y diésel en ciertos campos petroleros, por ejemplo, el ITT, donde se quema diésel. Cierto es que las centrales eléctricas que funcionan a gas son también contaminantes, pero, son mucho menos que aquellas que utilizan el crudo y diésel.
Actualmente, la energía que se consume en la industria petrolera amazónica proviene de crudo y diésel, por un lado, del propio metano que es aprovechado muy puntualmente y, del sistema nacional interconectado. Hace poco, hubo un apagón del SNI (del interconectado) que cortó la extracción petrolera en varios campos petroleros, estimándose en 44.000 barriles la pérdida. Esto no es nuevo, pues cuando los neoliberales quieren privatizar, hacen todo lo posible para que las cosas funcionen mal, como es el caso de la eléctrica. A lo mejor se quieren llevar las torres de distribución, el sistema de distribución eléctrico; no olvidemos que en CNT ya han puesto en su basta las torres de transmisión …
Entonces, regresando a lo de la quema del gas, ¿Por qué no lo hacen?, ¿por qué no recuperan este gas que hoy se quema en forma por demás miserable? Pues simple y llanamente porque a los neoliberales no les interesa construir, venir desde cero, ¡toma mucho tiempo!, lo que les interesa es la mesa puesta, el negocio en marcha, por eso es que apuntan a las centrales ya construidas, a las que comprarán a precios ridículos. De paso, hay otros interesados para que no se aproveche el gas de los mecheros: los importadores de gas, de GLP (que constituyen un monopolio) y, los nuevos recién autorizados (para importar metano), para la generación eléctrica.
Respecto a estos últimos, van a traer el gas desde los EEUU, cuando aquí cerca, en el norte peruano, a 15km del campo Amistad, se extrae gas … Los mismos negociantes, con el aval ciertamente del gobierno, piensan instalar otras centrales a gas, pero con gas importado. Por eso es que el campo Amistad, en el Golfo de Guayaquil sigue extrayéndose el gas (metano), pero de menos en menos, es un campo casi botado a su suerte, con pozos con poco o ningún mantenimiento. Como el negocio, debe ser atractivo para los «inversionistas», en uno de los mismos decretos se establece una revisión de las tarifas para el año 2022, están apurados; la revisión significa según ellos tarifas reales, competitivas, que no es otra cosa que una subida de las tarifas.
Así, textualmente se dispone: «… el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables tendrá que ejecutar un estudio para la expedición del «Pliego Tarifaría del año 2022 que contenga la estructura tarifaría real a aplicarse a los consumidores o usuarios finales, y los valores que le corresponde a dicha estructura, para el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general».
Para finalizar vale decir una y mil veces que la energía, la energía eléctrica tiene que ser vista como un derecho, derecho social básico, humano; no puede ser considerada como una mercanci/a.