EL GOBIERNO ES EL RESPONSABLE DE LA GRAVE CRISIS CARCELARIA

1.- Queremos expresar  nuestra  más sentida nota  de pesar y solidaridad  a  los familiares de las víctimas que fueron  asesinadas  en el Pabellón  2 de la  Penitenciaria  del  Litoral  en la  ciudad  de Guayaquil, entre ellas del activista  defensor del  agua Víctor Guaillas.

2.- Responsabilizamos al  Gobierno  del Presidente Guillermo  Lasso Mendoza, como principal  responsable  de la  grave crisis carcelaria  que vive el  Ecuador.  Desde que asumió su administración  en mayo de 2021, se registraron  el  más alto  número de personas  privadas de la  Libertad que lamentablemente  perdieron  su vida.

Está  claro que el  Gobierno,  no ha privilegiado  una política  de seguridad integral  que preserve  la vida de los  PPL.  El Gobierno  de Lasso,  prometió  la  inversión de 70 millones de dólares  para los centros
de rehabilitación,  los  mismos que  nunca llegaron.  El  estado de excepción  NO sirvió para controlar  las  cárceles,  al  contrario militarizaron  las  calles,  sin resultados concretos,  pues la  delincuencia no se soluciona  con el  Ejército,  sino con medidas económicas que ayuden  a  los y las  más necesitadas.  Los indultos y liberación  de PPL, fueron  solo discursos  vacíos y sin concreciones.  En  resumen  el  Gobierno  del Presidente  Lasso demuestra  su completa incapacidad  por acción  y omisión  para resolver  la  crisis carcelaria  que  atraviesa  el Ecuador.

3.-  Hacemos  un llamado  a  todas  las funciones  del  Estado,  a  tomar  medidas efectivas  para enfrentar  los  duros momentos que vive  el  país.  A la  Asamblea Nacional,  a  reformar el  COIP,  mismo que permitió  que  muchos ciudadanos  sin sentencia se debatan hoy entre  la  vida  y la muerte. A los y las jueces a  que  revisen  las medidas  de prisión  preventiva  por otras menos gravosas,  la  privación  de la  libertad

no es la  alternativa  en un sistema  carcelario que  mantiene  condiciones de

hacinamiento.

4.- Vivimos  momentos de conmoción nacional,  producto  del  olvido y espalda  del Estado  hacia una población  de cerca de 40 mil  ecuatorianos  y ecuatorianas,  quienes  en su gran mayoría  provienen  de los  sectores empobrecidos de nuestra  sociedad,

jóvenes  que  no encontraron  alternativas  ni fuentes de trabajo.  Exigimos  del  Gobierno soluciones  concretas que  no impliquen  la criminalización  o violación  de los  DD.HH., y si  la  inversión  en un verdadero sistema  de rehabilitación  social.

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